Abandonar Estados Unidos no significa necesariamente que una persona quede libre de determinadas obligaciones económicas relacionadas con su situación migratoria. El Gobierno estadounidense ha intensificado el cobro de multas civiles contra personas que incumplieron determinadas órdenes migratorias y, ahora, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) desarrolla mecanismos para localizar a algunos de esos deudores incluso después de que hayan salido del territorio estadounidense.
La nueva estrategia contempla la contratación de empresas privadas para localizar en el extranjero a personas con multas migratorias pendientes. De acuerdo con documentos revisados por WIRED, el programa denominado “Tracing and Payment Recovery Services” contempla inicialmente operaciones de localización en México, Guatemala y Honduras, con posibilidad de ampliar su alcance.
Sin embargo, es importante aclarar que no toda persona que abandona Estados Unidos queda automáticamente sujeta a una multa. Las sanciones dependen de circunstancias específicas y de una base legal que permita imponerlas.
CBP busca localizar a personas con multas pendientes
En primer lugar, el Gobierno estadounidense está utilizando un mecanismo de recuperación de pagos para intentar ubicar a personas que abandonaron el país y que mantienen determinadas obligaciones económicas con las autoridades migratorias.
Según la información publicada por WIRED, CBP pretende contratar compañías privadas que utilicen información comercial, registros públicos y verificaciones físicas para confirmar dónde reside una persona que tiene una multa pendiente. Entre los documentos que podrían utilizarse como evidencia figuran fotografías de viviendas, facturas de servicios, registros laborales y documentos judiciales.
Además, los contratistas deberán entregar notificaciones en inglés y español con información sobre las cantidades que el Gobierno considera pendientes de pago.
De esta manera, la salida del territorio estadounidense no necesariamente elimina una multa que ya fue impuesta. Por el contrario, las autoridades buscan crear mecanismos que les permitan localizar al deudor fuera de Estados Unidos y continuar con el proceso de recuperación.
El programa contempla una inversión de hasta US$9 millones durante dos años, de acuerdo con los documentos citados por WIRED.
¿Por qué se generan estas multas y cuánto pueden alcanzar?
Las sanciones más severas están relacionadas con personas que tienen una orden final de expulsión y que, según las autoridades, incumplieron voluntariamente la obligación de abandonar Estados Unidos.
La legislación federal establece una sanción civil para una persona sujeta a una orden final de expulsión que voluntariamente se niegue a salir, no solicite de buena fe los documentos necesarios para abandonar el país o no se presente para su expulsión cuando corresponda. La ley establece una multa de hasta US$500 por cada día de incumplimiento.
No obstante, los montos máximos que se han aplicado recientemente pueden ser mucho mayores debido a la acumulación diaria de las sanciones y a los ajustes establecidos por las autoridades. Associated Press reportó casos en los que las multas alcanzaron hasta US$1.8 millones, mientras miles de personas enfrentaban sanciones civiles relacionadas con órdenes de expulsión.
Por otro lado, la ley contempla una sanción diferente para quienes recibieron salida voluntaria y no abandonaron Estados Unidos dentro del período autorizado. En esos casos, la legislación establece una multa civil de entre US$1,000 y US$5,000, además de posibles consecuencias migratorias adicionales.
Por tanto, no existe una única “multa migratoria” aplicable a todos los extranjeros. El monto depende del tipo de incumplimiento, la orden migratoria y el período durante el cual la persona permaneció en violación de esa obligación.
¿Qué ocurre si la persona ya está fuera de EE. UU.?
Aunque una persona haya regresado a su país, una multa civil que ya haya sido impuesta no desaparece automáticamente. Precisamente por eso, CBP está desarrollando mecanismos para localizar a determinados deudores fuera de Estados Unidos.
Ahora bien, una multa civil y una orden de deportación no son lo mismo. La orden de expulsión obliga a la persona a abandonar el territorio estadounidense; la multa constituye una sanción económica por determinadas conductas. Una persona puede, por tanto, tener una orden final de expulsión y, además, una multa asociada con el incumplimiento de esa orden.
Asimismo, una deuda migratoria puede tener consecuencias en futuros trámites migratorios, pero pagar una multa no garantiza que una persona pueda regresar a Estados Unidos ni elimina automáticamente otras causales de inadmisibilidad. Una futura solicitud de visa o entrada será evaluada conforme a las circunstancias particulares del caso.
En cuanto al cobro, las autoridades estadounidenses cuentan con mecanismos administrativos para reclamar determinadas deudas. CBP también mantiene sistemas electrónicos para recibir pagos y establece procedimientos específicos para distintas obligaciones.
Sin embargo, una persona que reciba una notificación de una multa debe revisar cuidadosamente el documento antes de realizar cualquier pago. Las regulaciones federales contemplan procedimientos para cuestionar determinadas sanciones, y las circunstancias que rodearon la orden de expulsión, la notificación y la salida pueden ser relevantes para la defensa del afectado.
Además, el Gobierno estadounidense ha utilizado programas de salida voluntaria que contemplan, bajo determinadas condiciones, el perdón de algunas multas relacionadas con el incumplimiento de la obligación de salir. Esto no significa que todas las deudas o sanciones puedan ser eliminadas automáticamente.
En definitiva, Estados Unidos sí puede intentar cobrar determinadas multas migratorias después de que una persona haya abandonado el país, pero la obligación no nace simplemente por haber salido de territorio estadounidense. Primero debe existir una infracción contemplada por la legislación y una sanción impuesta conforme al procedimiento correspondiente.
El nuevo programa de CBP marca, sin embargo, un cambio relevante: las autoridades estadounidenses buscan llevar el proceso de recuperación más allá de sus fronteras mediante la localización de personas que ya regresaron a sus países de origen.
Por ello, los inmigrantes que hayan recibido una orden de expulsión o una notificación de multa no deberían asumir que la deuda desaparece al abandonar Estados Unidos y, ante una sanción concreta, deben revisar el caso con un abogado especializado en inmigración para determinar si existe una vía de impugnación o reducción de la deuda.