SANTO DOMINGO.- El director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, doctor Rodolfo Valentín, informó que la institución no asignará defensores públicos para representar a empresas ni organizaciones privadas, de conformidad con la Constitución de la República y la ley que rige el organismo. “El servicio es para personas físicas, no jurídicas. Caer en eso sería una trampa procesal”.
Valentín explicó que el Servicio de Asistencia Legal Gratuito que brinda la Defensa Pública está concebido esencialmente para personas físicas y no para personas jurídicas.
“Algunos tribunales del Distrito Nacional se han empecinado en requerir defensores públicos para defender empresas y organizaciones privadas, sin advertir que están cayendo en trampas estratégicas inter partes”, señaló el funcionario.
El director de la Defensa Pública señaló que en ningún país de Iberoamérica la defensa pública brinda asistencia a empresas privadas. Citó que el único caso con un modelo distinto es España, pero se limita a organizaciones sin fines de lucro que brindan servicios sociales y humanitarios, como ONG y fundaciones. Eso no ocurre con las empresas privadas (personas jurídicas) en República Dominicana.
La interpretación que hacen los jueces para justificar la asistencia a empresas privadas es totalmente errónea, pues creen que cuando la ley y la Constitución hablan de “persona” no aluden a alguna excepción, pero pretenden ignorar que, cuando la Constitución se refiere a empresas privadas, las denomina “personas jurídicas”, cuyos derechos fundamentales son totalmente distintos a los de las personas físicas.
El doctor Valentín reiteró que la Defensa Pública es respetuosa de las decisiones de los tribunales del país, pero no va a caer en “esa trampa malintencionada de parte de jueces, fiscales y abogados privados”.
Indicó que ya reposan ante el Tribunal Constitucional varios recursos de revisión constitucional interpuestos por la Defensa Pública frente a decisiones jurisdiccionales referentes a dichos requerimientos, los cuales están a la espera de ser conocidos.
Agregó que otros tribunales, frente al mismo tema, han decidido declarar en rebeldía a las empresas y han continuado con el proceso respecto a los imputados (personas físicas), a los cuales nunca se les ha negado el servicio de ser asistidos técnicamente en sus medios de defensa.
Como miembro de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas y coordinador del Caribe, el Dr. Valentín sostuvo que no existe una defensoría pública en la región que brinde asistencia a empresas y organizaciones privadas.
La Oficina Nacional de la Defensa Pública reafirma el compromiso de garantizar el derecho a la defensa de todas las personas que no cuenten con recursos para pagar un abogado privado, priorizando a los sectores más vulnerables del país.