La evaluación de desempeño de los actuales jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por parte del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ha trascendido el mero trámite institucional.
La decisión de siete magistrados de someterse al examen del órgano, sumada a la renuncia voluntaria de otros cuatro, encabezados por el propio presidente del tribunal, Luis Henry Molina, marca el inicio de una reestructuración profunda en el vértice del Poder Judicial.
El panorama abre un doble frente de análisis y es la medición objetiva del trabajo judicial acumulado y la inevitable lectura política sobre el relevo de mandos en la alta corte.
Siete jueces bajo escrutinio
Los magistrados Fran Euclides Soto Sánchez, Francisco Jerez Mena, Vanessa Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello Ferreras, Justiniano Montero Montero y Rafael Vásquez Goico comparecerán ante el CNM, que preside el presidente Luis Abinader, para que este órgano determine su continuidad.
Su permanencia no depende únicamente de su trayectoria técnica, sino del balance que haga el CNM sobre su mora judicial, el rigor en sus fallos y su idoneidad ética.
Sin embargo, en el ámbito jurídico existe expectativa sobre si el CNM apostará por la continuidad procesal y la experiencia acumulada, o si preferirá dar paso a un refrescamiento de las salas.
Las salidas que cambian el mapa de poder
El hecho más determinante del proceso, sin embargo, no está entre quienes serán evaluados, sino entre quienes ya no estarán.
Luis Henry Molina Peña, Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Nancy Salcedo Fernández y María Gerinelda Garabito Ramírez declinaron continuar, lo que acelera un relevo de gran magnitude en el liderazgo judicial.
La salida de Molina deja vacante, de forma anticipada, la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, un cargo clave no solo en lo jurisdiccional, sino en la conducción administrativa y la agenda de reforma del Poder Judicial.
Con estas renuncias sumadas a las plazas que puedan quedar libres tras la evaluación de los siete jueces convocados, el CNM tendrá en sus manos la posibilidad de conformar una nueva mayoría dentro del alto tribunal.
El reto institucional del CNM
El Consejo Nacional de la Magistratura enfrenta ahora el desafío de transmitir estabilidad jurídica en medio de este proceso.
Sectores de la sociedad civil y la comunidad jurídica coinciden en que los nuevos integrantes deben responder a criterios de independencia y mérito académico, al margen de cuotas de poder político.
Más allá del futuro profesional de los siete magistrados evaluados, lo que está en juego es la hoja de ruta doctrinal y jurisprudencial que guiará a la justicia dominicana en los próximos años.
El Consejo Nacional de la Magistratura, la integran además presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el senador Omar Fernández; el diputado Tobías Crespo, el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier.
La Suprema Corte de Justicia, tal y como se establece en el artículo 152 de la Constitución dominicana, estará integrada por diecisiete (17) jueces, designados por el Consejo Nacional de la Magistratura.
Entre ellos figura uno sin facultades jurisdiccionales, en virtud de su escogencia como miembro del Consejo del Poder Judicial, según el artículo 5 de la Ley núm. 28-11. Todos deberán reunir las condiciones y requisitos que establece la Constitución de la República.
Son designados por el Consejo Nacional de la Magistratura y estarán sujetos a la evaluación de su desempeño al término de siete años a partir de su elección por este; podrán ser elegidos para un nuevo período.
En los casos en que el Consejo Nacional de la Magistratura decida la pertinencia de separar a un juez de su cargo, deberá sustentar su decisión en los motivos contenidos en la ley que rige la materia.
La Constitución dominicana, en su artículo 154, le asigna cuatro atribuciones esenciales: el conocimiento de las causas penales en jurisdicción privilegiada, y el conocimiento en última instancia de las causas cuyo conocimiento en primera instancia sea competencia de las cortes de apelación y sus equivalentes.
Igualmente, el conocimiento de los recursos de casación de conformidad con la ley, así como la designación de los jueces de las cortes de apelación, juzgados de primera instancia y juzgados de paz y sus equivalentes.
La Primera Sala, que integran Justiniano Montero, Samuel Arias y Vanessa Acosta, tiene competencia para conocer y fallar los recursos de casación que se interpongan por primera vez en materia civil y comercial.
Mientras que la Segunda Sala, que preside Jerez Mena e integra Fran Soto, es competente para conocer y fallar los recursos de casación que se interpongan por primera vez en materia penal. Asimismo, es competente para conocer y fallar los recursos de apelación en materia penal atribuidos a la Suprema Corte de Justicia, siempre que no sean de los que conoce esta última como jurisdicción privilegiada.
De su lado, la Tercera Sala, que componen Anselmo Alejandro Bello Ferreras y Rafael Vásquez Goico, es competente para conocer y fallar los recursos de casación que se interpongan por primera vez en materia de tierras, laboral, contencioso-administrativo y contencioso-tributario.
Las Salas Reunidas, compuestas por las tres salas de la Suprema Corte de Justicia, son el órgano competente para conocer del segundo recurso de casación con motivo de un envío realizado por cualquiera de las salas, cuando se relacione con el mismo punto.
En cuanto al presidente de la Suprema Corte de Justicia, entre las atribuciones que le son conferidas especialmente las vinculadas con los apoderamientos de los expedientes jurisdiccionales se puede destacar: dictar autos de emplazamiento, cursar los expedientes según la materia a la sala correspondiente, y fijar audiencia en las diferentes materias cuando el conocimiento del asunto sea competencia del Pleno.
Justiniano Montero
Doctor en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Magíster en Sociedad Democrática, Estado y Derecho por la Universidad del País Vasco; magíster en Derecho Administrativo y Gestión Municipal por la Universidad de Castilla-La Mancha; magíster en Derecho Constitucional y Justicia Constitucional: Derechos Fundamentales y Procesos Constitucionales, y especialidad en Derecho Judicial, ambos títulos de la Escuela Nacional de la Judicatura; especialidad en Relaciones Internacionales por la Universidad del País Vasco.
Fue abogado privado desde 1990 hasta 1998. Notario público de los del número del Distrito. En 1998 fue nombrado juez de paz de la Segunda Circunscripción del Distrito Nacional. En 1999, juez de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. En 2001, fue juez primer sustituto del presidente de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional y juez presidente de la Primera Sala. Luego, en 2003, fue nombrado juez de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo. Posteriormente, en 2005, juez de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, y en 2012, juez segundo y primer sustituto del presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, y juez presidente de la Segunda Sala. En 2014 fue designado de forma interina como director general de Administración y Carrera Judicial, hasta que en 2018 ascendió a juez presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Finalmente, en abril de 2019 fue electo juez miembro de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia. Su trayectoria en la carrera judicial suma 24 años.
Samuel Arias
Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), 1990. Su preparación académica incluye un magíster internacional en Resolución de Conflictos por la Universidad Oberta de Catalunya (2007).
Cuenta con más de 20 años como docente y es exdirector de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Su carrera se ha desarrollado entre la administración de justicia y la formación de nuevos profesionales del derecho.
En su ejercicio profesional ha trabajado en las áreas civil y comercial, laboral, de familia, constitucional y de propiedad intelectual. El magistrado Arias Arzeno fue el primer representante de los jueces de la Corte de Apelación y equivalentes ante el Consejo del Poder Judicial (CPJ), en el año 2011. Fue además coordinador de la Cumbre Judicial Nacional (2016).
Al momento de su designación como miembro de la Suprema Corte de Justicia, en 2019, se desempeñaba como juez presidente de la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Vanessa Acosta
Egresada de la carrera de Derecho, magna cum laude, de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) en 1996. En 2002 participó en el concurso público de oposición para ser juez de paz, realizado por el Poder Judicial, y formó parte de la segunda promoción del programa de formación para jueces de paz de la Escuela Nacional de la Judicatura.
Ingresó al Poder Judicial en 2003, y a lo largo de su carrera judicial se ha desempeñado como jueza en los siguientes tribunales: Juzgado de Paz Ordinario de la Segunda Circunscripción del Distrito Nacional; Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional; Segunda Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional; Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, y Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo.
Cuenta con una maestría en Derecho Empresarial y Legislación Económica de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), y otra en Derecho Administrativo y Gestión Municipal de la Universidad de Castilla-La Mancha, España.
Francisco Jerez Mena
Doctor en Derecho, egresado de la Universidad Central del Este (UCE). Máster en Derecho Constitucional y Derechos y Libertades Fundamentales y sus Garantías, con titulación dual de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Santiago, y la Universidad de Castilla-La Mancha, España (2009).
Ha ocupado las funciones de juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez y juez de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega.
Fue el responsable de poner en funcionamiento, de manera exitosa y por primera vez en el país, el Modelo de Gestión del Despacho Judicial Penal de La Vega, proyecto que contó con los auspicios de la Suprema Corte de Justicia y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Esa experiencia ha sido reconocida internacionalmente, al punto de obtener el primer lugar del Premio Innovare Internacional, otorgado en Brasil (2010).
El magistrado Jerez Mena es el único juez dominicano elegido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en Washington D. C., para participar en el programa «Visitor Leadership Program on Administration of Justice and the Rule of Law», de la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado de los Estados Unidos (2009). Realizó, además, un postgrado en Mediación y Negociación en la Universidad de Castilla-La Mancha, España (2015).
Fran Soto
El magistrado Fran Euclides Soto Sánchez es doctor en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Es integrante de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que conoce asuntos penales, rama del derecho que domina de forma extraordinaria y en la que trabajó antes de su designación como juez de esa alta corte.
En 2009 fue nombrado fiscal de carrera al superar las pruebas correspondientes establecidas por el Ministerio Público. Fue fiscal adjunto del procurador fiscal del Distrito Nacional, así como procurador general adjunto y director nacional de Persecución del Narcotráfico y Criminalidad Compleja de la Procuraduría General de la República.
Durante su trabajo como procurador general adjunto manejó situaciones delicadas, como los casos de trata de personas y criminalidad organizada.
Como parte de su capacitación profesional, ha participado en el Curso Internacional de Capacitación sobre las Condiciones de Vida en las Cárceles y sus Programas, en San José, Costa Rica. Ha realizado importantes estudios y especialidades internacionales sobre prevención y sanción a la trata de personas, en la Ciudad de México, y capacitación sobre delitos de explotación sexual comercial de personas menores de edad de la región, en Costa Rica.
Fue juez de la Suprema Corte de Justicia durante el período 2011-2018, y fue ratificado en 2019 como miembro de esa alta corte por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Anselmo Alejandro Bello Ferreras
El magistrado Bello Ferreras es doctor en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Ingresó al Poder Judicial como juez de paz en julio de 2000.
Es docente, doctrinario y articulista, con vasta experiencia en materia civil e inmobiliaria. Al momento de su designación en la Suprema Corte de Justicia, en abril de 2019, se desempeñaba como juez presidente de la Primera Sala del Tribunal Superior de Tierras, Departamento Central.
Comprometido con la preparación académica y la actualización profesional, cuenta con maestrías en Relaciones Internacionales y un postgrado en Metodología de la Investigación Avanzada, ambos de la Universidad Católica Santo Domingo. También posee una maestría en Derecho Administrativo y Gestión Municipal de la Universidad de Castilla-La Mancha, y un diplomado en Derecho Constitucional de la Fundación de Jóvenes para el Progreso (Funjepro).
Es catedrático de las maestrías de Derecho Procesal Civil y Derecho Civil en la UASD y en la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD).
Rafael Vásquez Goico
Licenciado en Derecho por la Universidad Eugenio María de Hostos, magna cum laude (1989). Cuenta con especialidad en Derecho Judicial por la Escuela Nacional de la Judicatura (2003); especialidad en Derecho Procesal Civil por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra —PUCMM— (2006); especialidad en Derecho Constitucional, también por la PUCMM (2009), y maestría en Derechos y Libertades Públicas, con doble titulación de la Universidad de Castilla-La Mancha, España.
Es docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en las maestrías de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Derecho Procesal Administrativo y Derecho Constitucional, así como en la PUCMM y en la Universidad Iberoamericana (UNIBE).
Es un profesional en constante capacitación, por lo que ha realizado estudios especiales sobre derecho constitucional y derechos fundamentales; Teoría de la Justicia (Argentina); el XXII Encuentro de Jurisdicción Administrativa (Colombia); y asesoría sobre mejores prácticas en contrataciones públicas y programas para el desarrollo del derecho comercial, con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, en Washington D. C., entre otros.
Es autor de importantes obras, entre las que se destacan «El recurso le contredit en el derecho de trabajo» (revista de la Asociación de Abogados Laboralistas); «El juez de la ejecución de la sentencia en el derecho de trabajo» (Revista del Centro de Estudios del Derecho de Trabajo), y «Los incidentes en el procedimiento laboral dominicano» (Ediciones Jurídicas Trajano Potentini), entre otras.
Forma parte del Poder Judicial desde el 25 de noviembre de 1998, y al momento de su designación como miembro de la Suprema Corte de Justicia, en abril de 2019, se desempeñaba como juez presidente del Tribunal Superior Administrativo.