Estados miembros advierten que sanciones de Washington amenazan la justicia internacional y las investigaciones del tribunal
BRUSELAS. – La Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI) criticó este miércoles las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos contra la presidenta del tribunal, Tomoko Akane, y un miembro de la Fiscalía.
Los países miembros advirtieron que estas medidas, junto con otras acciones adoptadas por Washington contra funcionarios de la CPI, pueden debilitar el Estado de derecho y el orden internacional basado en reglas.
La Asamblea, órgano legislativo y de supervisión de la gestión de la corte con sede en La Haya, reúne a los 125 países que forman parte del Estatuto de Roma. Estados Unidos no pertenece a este tratado.
CPI alerta sobre impacto de las sanciones
En un comunicado, la Asamblea calificó las nuevas sanciones como intentos de obstaculizar el trabajo de la CPI y de su personal en la investigación y el juzgamiento de los crímenes más graves.
Las medidas fueron anunciadas el martes contra Akane, jueza japonesa y presidenta del tribunal, así como contra el senegalés Abdoulaye Seye, abogado principal litigante de la Oficina del Fiscal.
Los Estados Partes señalaron que la escalada de sanciones contra funcionarios de la CPI podría afectar las investigaciones en curso y dificultar los esfuerzos internacionales para garantizar justicia a las víctimas.
Asimismo, instaron a los países miembros y a las partes vinculadas al sistema del Estatuto de Roma a mantener su compromiso con la justicia internacional y respaldar el trabajo de la corte.
Washington mantiene presión contra la corte
Las nuevas sanciones forman parte de la campaña de la Administración de Donald Trump contra la CPI por sus investigaciones relacionadas con Israel y Afganistán.
En febrero de 2025, el presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva que abrió la puerta a medidas económicas y restricciones contra personas vinculadas con determinados casos investigados por el tribunal.
Washington también rechaza las órdenes de arresto emitidas en 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant.
Ambos fueron señalados por la CPI por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la ofensiva militar israelí en Gaza.
La CPI también mantiene una investigación sobre presuntos crímenes cometidos en Afganistán durante las últimas dos décadas, un proceso que igualmente ha generado rechazo de Estados Unidos.