La Comisión Permanente de Justicia del Senado es que tiene la responsabilidad de analizar esta pieza legislativa y presentar ante el pleno un informe favorable
SANTO DOMINGO.- En el Congreso Nacional, los legisladores buscan adaptar el Código Procesal Penal antes de que finalice diciembre, plazo otorgado por el Tribunal Constitucional (TC) al declarar la normativa antijurídica.
La Comisión Permanente de Justicia del Senado es la responsable de analizar esta pieza legislativa y presentar un informe favorable ante el pleno.
De acuerdo con el presidente de dicha comisión, el senador Antonio Taveras, los trabajos de análisis ya fueron concluidos. Explicó que ahora la iniciativa será enviada a distintas entidades vinculadas para que la examinen y hagan las observaciones que consideren pertinentes.
Entre los organismos que revisarán el proyecto están el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Defensor del Pueblo. Además, el movimiento cívico Participación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) tendrán la oportunidad de aportar ideas y sugerencias.
Para este proceso, los comisionados otorgarán un plazo fijo y, en unos 15 días, celebrarán un taller con el fin de lograr acuerdos.
Una vez concluido, los senadores aprobarán la iniciativa y la remitirán a la Cámara de Diputados, “prácticamente consensuada por todos los sectores para que allá la discusión sea más rápida”.
El senador Pedro Catrain, miembro de la comisión, manifestó que el equipo trabaja de forma acelerada para cumplir con el mandato constitucional, cuyo plazo vence el 17 de diciembre de 2025.
“Estamos trabajando en la comisión de justicia a un ritmo acelerado, hemos aprobado ya unos 30 artículos, y vamos a tener un taller con la procuradora y personas del Poder Judicial para darle forma y sacar el Código Procesal lo antes posible, pero con la mayor calidad”, subrayó Catrain.
En diciembre de 2024, mediante la sentencia número TC/0765/2024, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la Ley 10-15 tras comprobar que se cometieron errores durante su aprobación.
Para corregir esos vicios, la Alta Corte otorgó un año al Congreso Nacional para dotar al país de una nueva normativa jurídica.
Si antes del 17 de diciembre de este año los parlamentarios no cumplen con esta sentencia, la ley será suprimida y la República Dominicana volverá a regirse por la antigua Ley 76-02.