SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Aduanas (DGA) es la primera institución pública que recibe a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, para la conferencia sobre el nuevo Código Penal en virtud de las recomendaciones impartidas por el presidente de la República, Luis Abinader en un Consejo de Gobierno, con la finalidad de conocer las nuevas figuras establecidas en la nueva norma tras su promulgación.
La magistrada Reynoso compartió algunas reflexiones sobre el Código Penal establecido por la Ley 74-25 y su incidencia en el marco regulatorio aduanero, que supone un gran avance al sustituir una normativa de 141 años de antigüedad (desde 1884) y moderniza la justicia penal dominicana.
Igualmente destacó la importancia del rol que desempeña aduanas para el comercio, la seguridad y la defensa nacional.
“Para nuestro comercio, para nuestra seguridad, para nuestra defensa, las aduanas tienen una importancia de primer orden y altísima relevancia”, añadió Reynoso.
También, enfatizó ante los servidores públicos presentes, que “Cuando un servidor público actúa, lo hace en beneficio de la colectividad y cuando no lo hace correcto, perjudica a la colectividad”.
De su lado, el director general de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón, reiteró ante los colaboradores reunidos en el auditorio y los presentes de manera virtual, el cumplimiento de las leyes, la defensa de la institucionalidad y la lucha frontal contra los ilícitos aduaneros.
Explicó que esta conferencia es un didáctico que ayudará aun más a prevenir y enseñar a los contribuyentes y a todos los que interactúan con el comercio dominicano, a evitar cualquier tipo de contratiempos o cualquier tipo de inconductas, además de enriquecer el debate en torno al nuevo Código Penal.
Entre las novedades del nuevo Código Penal, se encuentran el hecho de que por primera vez las empresas pueden ser procesadas penalmente por delitos como fraude fiscal, contrabando o falsificación de documentos aduaneros.
Asimismo, el nuevo Código Penal refuerza las sanciones contra la corrupción y el cohecho, con penas que pueden alcanzar hasta 20 años de prisión y plazos de prescripción ampliados a 30 años, así como para cibercrimen y el comercio digital, persiguiendo la manipulación de datos electrónicos en operaciones aduaneras.
También, exige una mayor coordinación interinstitucional entre la DGA, Ministerio Público y las procuradurías especializadas en delitos financieros y aduaneros.