Las investigaciones fueron encabezadas por el Ministerio Público en colaboración con los técnicos de la Junta Central Electoral
SANTIAGO. – La Fiscalía de Santiago depositó ante el juez coordinador de los Juzgados de Instrucción el escrito de acusación con imputaciones múltiples contra 13 implicados en la red delictiva que operaba en el entorno de la Junta Municipal de Santiago, la cual tramitó miles de documentos falsos, tanto públicos como privados, poniendo en riesgo la seguridad jurídica del país.
De acuerdo con una nota informativa, la acusación, que detalla acciones altamente peligrosas descubiertas por la operación Colibrí, se extiende a más de 600 páginas. En estas se describe el modo en que esta estructura criminal se conformó, aliando a personas que desempeñaban diversos roles para falsificar documentos como cédulas de identidad, licencias de conducir, carnés de distintos tipos, licencias para el porte de armas de fuego, títulos de propiedad, entre otros.
Los acusados que conforman esta red de criminalidad organizada son: Julio César Almonte Espinal (César), William Ramón Rodríguez Rodríguez, Samuel Elías Ceballos Ramos, Ana Delia Ysidra Tavárez Soto, Luis Manuel Rodríguez Rodríguez, Arsenio Rafael Reyes, Tomás Enmanuel Rojas Guzmán, Noel de Jesús Padilla Minaya, Fausto Merán (Capital), y José Rosario Marte (Cheo).
Además, se encuentran acusados de integrar la estructura criminal Yanuel Morales Rodríguez (“Google”), José Miguel Cruz Hiraldo (“Sandy”) y José Carlos Montero Troncoso.
La Fiscalía de Santiago, en colaboración con un equipo de expertos y oficiales encubiertos de la Junta Central Electoral, presentó más de 800 elementos de prueba, incluyendo los plásticos incautados en allanamientos judicialmente autorizados. Estos plásticos eran utilizados para imprimir los distintos tipos de documentos oficiales.
La investigación del Ministerio Público reveló que los trabajos realizados por los denominados “buscones” o intermediarios eran tramitados a quienes ejecutaban los trabajos, dependiendo de su especialidad. Entre ellos, se encuentran los que gestionaron de manera irregular las actas del Registro Civil Dominicano.
Asimismo, se descubrió que los acusados se encargaban de borrar el contenido de las actas originales, conservando el papel de seguridad en el que estas eran impresas, para luego imprimir la información falsa, generando un documento con todas las características de seguridad del original.
La calificación jurídica otorgada por el Ministerio Público al proceso incluye la violación de los artículos 265, 266, 147 y 150 del Código Penal Dominicano; el artículo 13 de la Ley 8-92 sobre Cédulas de Identidad y Electoral, que tipifican la asociación de malhechores, falsificación de escritura auténtica o pública y falsedad en escritura privada.
En relación con el acusado José Carlos Montero Troncoso, exempleado del organismo electoral, se le imputa la violación de los artículos 265, 266, 145, y el artículo 86 de la Ley 172-13 sobre Protección Integral de los Datos Personales; así como los artículos 6, párrafo I, 7, 18 y 19 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que tipifican la asociación de malhechores, falsedad y alteración de la naturaleza de los actos, así como accesos fraudulentos a una base de datos.