Santo Domingo.- La jueza Kenya Romero fijó para mañana la audiencia donde le conocerá medida de coerción al mayor general Adán Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán y los otros tres implicados en el caso Coral.

Tras ser ratificada por la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que rechazó la recusación de la que fue objeto por parte de uno de los abogados, la magistrada, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso que la vista sea conocida a las 10 de la mañana.

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Al final de la audiencia, Romero decidirá si envía a prisión a los imputados o si les impone una medida menos gravosa.

De acuerdo a las investigaciones que realizó la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), cuando en el 2012, el expresidente Danilo Medina llegó al poder, Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia (Cusep), comenzó a crear un entramado militar-policial, social y religioso para distraer fondos del Cusep y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).

En la supuesta red también están implicados la pastora Rossy Guzmán, el coronel Rafael Núñez de Aza, el teniente coronel Raúl Alejandro Girón y el cabo policial Tanner Flete Guzmán (hijo de la religiosa).

El grupo, contra el que el Ministerio Público está pidiendo que se le dicte un año prisión preventiva, está acusado de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y, además, porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

El órgano acusador considera que la prisión preventiva es esta es la medida coercitiva más idónea “para salvaguardar el desarrollo de la investigación”.

Además, solicita que el caso se declare de tramitación compleja, debido a la cantidad de imputados.

Los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, titulares de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), respectivamente, han dicho que llevan ante la jueza un caso “jurídicamente blindado” y tienen pruebas “fulminantes” contra los imputados.

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