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Víctor Bisonó.

SANTO DOMINGO.- El presidente en funciones del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Víctor Bisonó, llamó la atención sobre los efectos negativos que tendrá la información ofrecida por la ONG alemana Transparencia Internacional,  de que República Dominicana es el segundo país de América Latina donde se pagan más sobornos.

Dijo que lamentablemente, para hacer todo tipo de operaciones o incluso hasta recibir servicios públicos, se impone la cultura del soborno, tan dañina para nuestra salud institucional.

“Siendo un país que quiere emprender el camino hacia el desarrollo para mayor prosperidad de nuestra gente, recibir noticias como estas resulta un fuerte golpe contra nuestras esperanzas ya que ahuyenta la inversión, no solo extranjera sino que la misma local, al ser esta la que conoce en carne propia esa realidad que para nadie es un secreto”, manifestó.“Lo peor de esto es que contribuye a una cultura corrupta en la que se ve como inevitable el tener que ser víctima de la extorsión en algún momento u otro. Esto debemos cambiarlo y para ello hace falta una verdadera transparencia, acompañada de un régimen de consecuencias. Al mismo tiempo, dar pasos más contundentes en el saneamiento de nuestra función pública, apoyando a quien hace su trabajo, de modo que los elementos contrarios a la ley puedan ser erradicados por el bien de la ciudadanía”, dijo Bisonó.

Los datos, se encuentran en el informe “Las personas y la corrupción en América Latina y el Caribe” para el que Transparencia Internacional entrevistó a 22,000 personas en los 20 países que componen la región. En este, un 46% de los entrevistados, mencionó haberse visto obligado a sobornar autoridades para la obtención de distintos servicios.

Ya anteriormente, publicaciones como los Wikileaks, filtrados desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos, así como declaraciones de representantes del cuerpo diplomático en el país, habían evidenciado una fuerte preocupación con la prevalencia de los sobornos en República Dominicana. Esto ha sido manifestado como un obstáculo para mayor inversión directa en diversas comunidades del país.

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